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Una de las dudas más comunes que surgen entre los socios, accionistas y administradores de personas morales, es el grado de responsabilidad que tienen en relación con la persona moral que administran o de las que son socios y/o accionistas respecto a las omisiones en materia fiscal que dicha persona moral pueda tener.

Respondiendo esta duda, tenemos que, de conformidad con el Código Fiscal de la Federación, en primera instancia, los socios, accionistas y administradores efectivamente son responsables solidarios de las contribuciones causadas y en su caso no retenidas por parte de la persona moral que administran o de la cual son socios y accionistas.

No obstante lo anterior, cabe mencionar que si bien es cierto que existe esta responsabilidad solidaria, también es cierto que la misma se encuentra limitada, ya que estos sujetos mencionados solo son responsables por:

1. La parte del interés fiscal que no logre ser garantizada o cubierta por la persona moral;
2. Solo por las contribuciones causadas y en su caso no retenidas que hayan sucedido en el periodo que dichos sujetos tenían el carácter de administradores, socios y accionistas.

Aunado a lo anterior, tenemos que, para el caso de los administradores, estos responden ante dichas contribuciones con todo su patrimonio de manera global, mientras que los socios y accionistas responden con todo su patrimonio sin exceder de su grado de participación dentro de la persona moral.

Por último, hay que tomar en cuenta que la responsabilidad solidaria en comento, debe de ser activada por alguno de los supuestos de incumplimiento fiscal que marca el propio Código Fiscal de la Federación, por lo cual, en caso de no activar alguno de estos supuestos, los socios, accionistas y administradores, no serán responsables solidarios respecto a las omisiones fiscales antes mencionadas.

Legalmente, no existe una definición específica para el concepto “Razón de Negocios”, sin embargo la autoridad fiscal puede determinar la ausencia de materialidad de operaciones debido a la ausencia de dicho concepto.

A pesar de la falta de definición legal, tenemos que se ha adoptado el significado del léxico financiero, que implica el motivo para realizar un determinado acto al cual se tiene derecho, relacionado con una actividad lucrativa y encaminada a tener una utilidad determinada.

Tomando en cuenta los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la “Razón de Negocios” sí es un elemento que puede tomar en cuenta la autoridad fiscal para determinar si una operación resulta artificiosa o bien, inexistente para efectos fiscales.

Lo anterior quiere decir que, a pesar de que una operación realizada por un contribuyente se encuentre en estricto apego a la ley, la autoridad puede determinar que la misma resulta artificiosa o bien inexistente, toda vez que no existe una razón de negocio válida para llevar a cabo dicha operación, es decir que las operaciones celebradas por los contribuyentes deben de tener una razón genuina para su realización más allá de las implicaciones o efectos fiscales que de las mismas deriven.

En otras palabras, si una operación se realiza con el único fin de obtener un beneficio fiscal, sin tener como finalidad paralela la obtención de una utilidad, la autoridad tributaria o judicial podrá no reconocer el beneficio fiscal obtenido por considerar dicha operación como artificiosa o inexistente para efectos fiscales.

Cabe mencionar que la “Razón de Negocios” es un concepto que busca contrarrestar esquemas de elusión fiscal mediante la atribución de consecuencias fiscales específicas a operaciones lícitas, existentes y válidas pero sin la finalidad de obtener un beneficio económico y comercial, además del tributario, por lo que resulta prioritario tomar en cuenta dicho concepto a la hora de tomar decisiones comerciales y corporativas para evitar controversias tributarias.

Para más información respecto al tema de “Razón de Negocios” no dudes en contactarnos.

Actualmente, en los trámites de devolución de saldos a favor, resulta cada vez más común recibir múltiples requerimientos de información por parte de las autoridades hacendarias para verificar la procedencia de los saldos solicitados.

No obstante que la autoridad efectivamente se encuentra facultada para ello, debe de evitar llevar a cabo prácticas administrativas lesivas, a través de las cuales realicen requerimientos de información excesivos o inconducentes, cuyo único objetivo es dilatar, retrasar o negar la solicitud de saldos a favor hecha por los contribuyentes respecto al Impuesto al Valor Agregado.

En línea con lo anterior, las autoridades jurisdiccionales así como la PRODECON, han confirmado a través de distintos criterios que las autoridades fiscales deben adoptar medidas administrativas que faciliten el derecho de los contribuyentes a las devoluciones de impuestos, establecidas en el Código Fiscal de la Federación y la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, tales como:

1. Dar a conocer a los contribuyentes las razones por las cuales niega o tiene por desistida la devolución solicitada;
2. Requerir únicamente la información y documentación que verse sobre la devolución solicitada;
3. Establecer con claridad las inconsistencias que bajo su criterio debieran solventarse;
4. Abstenerse de formular un segundo requerimiento de información que no verse sobre la documentación o información solicitada inicialmente;
5. Evitar requerir información o documentación que ya obra en su poder;
6. Evitar imponer la carga de comprobar materialmente las operaciones;
7. Respetar los plazos legales para la devolución;

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La Presunción de una transmisión indebida de pérdidas fiscales por parte de la Autoridad Fiscal, de conformidad con el artículo 69-B Bis del Código Fiscal de la Federación, puede ser desvirtuada por el contribuyente acreditando la razón de negocios de las operaciones.

El 1 de Junio del 2018 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación.

En específico, se adicionó el artículo 69-B Bis, el cual establece que la autoridad Tributaria podrá presumir la transmisión indebida de pérdidas fiscales, cuando derivado del análisis de información de sus propias bases de datos, identifique que el contribuyente que tenga derecho a disminuir las pérdidas fiscales, además de actualizar cualquiera de los supuestos comprendidos en las fracciones I a IV del citado artículo, haya sido parte de una reestructuración, escisión o fusión de sociedades, o bien haya cambiado de accionistas y como consecuencia haya dejado de formar parte del grupo al que perteneció.

No obstante lo anterior, tenemos que dicha presunción de la autoridad fiscalizadora no es definitiva, por lo que acepta prueba en contrario, toda vez que el mismo artículo establece los plazos y procedimientos para desvirtuar dicha presunción de la autoridad. Aunado a lo anterior, tenemos que la forma idónea de desvirtuar dicha presunción, es la acreditación de la razón de negocios de las operaciones que trajeron como consecuencia las pérdidas fiscales.

Lo anterior, en virtud de que del Dictamen del Senado, que dio origen a la aprobación del artículo en comento, se estableció que la medida propuesta no tiene como finalidad entorpecer la sana actividad empresarial, sino combatir prácticas indebidas que solo tienen una finalidad fiscal y no una real razón de negocios. Bajo este contexto, resulta evidente que la forma idónea de desvirtuar la presunción indebida de pérdidas fiscales por parte de la Autoridad Fiscalizadora, es demostrar que las operaciones que dieron origen a la pérdida fiscal tuvieron una real razón de negocios y no como único fin el evadir o reducir la carga fiscal.

En la actualidad, una de las herramientas más utilizadas por las autoridades fiscales para llevar a cabo presunciones de inexistencia de operaciones, consiste en determinar que no existe una “materialidad” en los hechos y operaciones sustentadas por los contribuyentes es sus comprobantes fiscales, a pesar de que dicho concepto no se establece en ninguna parte del Código Fiscal de la Federación.

Dicho concepto de “materialidad”, nace del artículo 69-B del propio Código Fiscal, al establecer que se presumirán inexistentes las operaciones de los contribuyentes amparadas en comprobantes fiscales, cuando los mismos no cuenten con los activos, personal, infraestructura o capacidad material, directa o indirectamente, para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes o bien, que dichos contribuyentes se encuentren como “no localizados”.

A la activación de los anteriores supuestos, la autoridad fiscal la ha denominado como “falta de materialidad” en los hechos o actividades de los contribuyentes respaldadas en comprobantes fiscales, mismo concepto que ha sido respaldado y confirmado por los tribunales judiciales en reiteradas ocasiones.

Por otro lado, sabemos que las presunciones de inexistencia de materialidad, surgen como herramienta de las autoridades para combatir el fraude fiscal y el lavado de dinero, ya que con estas presunciones se busca encontrar la realidad y verosimilitud de la actividad económica de los contribuyentes, que derivan para efectos fiscales, en la determinación de deducciones autorizadas e ingresos acumulables para los contribuyentes.

Tomando en consideración la actual postura de las autoridades fiscales y los criterios empleados por los tribunales jurisdiccionales ante estos casos, los contribuyentes deben de emplear esfuerzos adicionales en comprobar la materialidad de sus actividades económicas, es decir, contar con las pruebas suficientes de que las mismas se llevaron a cabo, ya que una omisión o falta de cuidado en este aspecto, podría ocasionar que las autoridades hacendarias consideren que las mismas son inexistentes por una falta de materialidad a pesar de que las mismas efectivamente se hayan realizado.

Para más información respecto a cómo comprobar la materialidad de las actividades económicas, no dudes en contactarnos.