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El pasado miércoles 25 de octubre de 2023, se resolvió el amparo en revisión 683/2023 bajo la ponencia del Ministro Javier Laynez Potisek, en el cual se confirmó la inconstitucionalidad del cuarto párrafo del artículo 29-A del CFF, el cual dispone que los CFDI solo pueden cancelarse en el mismo ejercicio en el cual se expidan.

Este criterio, resulta en un hito tributario al confirmar a los contribuyentes que existen medios de control constitucional eficaces para combatir las arbitrariedades normativas en favor de las autoridades, lo que son un común denominador en épocas actuales legislativas.

Asimismo, es importante resaltar que si bien la sentencia determinó la inconstitucionalidad respecto al límite temporal para la cancelación de los CFDI, se mantiene la porción normativa que impone el requisito de la aceptación de cancelación del receptor del propio CFDI.

Asimismo, se mantuvo la constitucionalidad del quinto párrafo del artículo 29-A del CFF, el cual dispone que los contribuyentes deberán justificar y soportar documentalmente el motivo de las cancelaciones de los CFDI para que sean válidas las mismas.

Para este miércoles 25 de octubre de 2023, está listado para resolverse el amparo en revisión 683/2023 bajo la ponencia del Ministro Javier Laynez Potisek, en el cual se discutirá la constitucionalidad del cuarto párrafo del artículo 29-A del CFF, el cual dispone que los CFDI solo pueden cancelarse en el mismo ejercicio en el cual se expidan.

Lo importante de este proyecto, es que el mismo viene elaborado en el sentido de declarar inconstitucional dicha porción normativa, compartiendo el criterio de que dicha limitante no se ajusta a la realidad económica ni mucho menos al sistema de determinación de impuestos actual, violentando derechos fundamentales de los contribuyentes.

De confirmarse el criterio, sería un parteaguas tributario al eliminar una de las arbitrariedades normativas mas recientes de las autoridades, las cuales son muy comunes en épocas actuales legislativas.

A través de las reformas fiscales del 2014, se incorporó la obligación de los contribuyentes de enviar su contabilidad de manera electrónica al Servicio de Administración Tributaria, con la finalidad principal de que la autoridad fiscal pudiera aplicar el procedimiento de fiscalización denominado “Revisiones Electrónicas” y ser más eficientes en la fiscalización.

No obstante lo anterior, a la fecha existen una gran cantidad de contribuyentes que no cumplen dicha obligación, con lo cual, la autoridad ha iniciado con la aplicación de multas de manera directa a los contribuyentes que se encuentran en omisión, como sucedió con la campaña masiva de multas por la presentación a destiempo de declaraciones por parte de diversas personas físicas y morales.

En este sentido, es importante que los contribuyentes cumplan con las obligaciones respectivas para evitar ser sancionados con multas cuantiosas por el incumplimiento a estas obligaciones fiscales.

El pasado 22 de Septiembre de este año, la Suprema Corte resolvió diversos Amparos en contra de la constitucionalidad de las obligaciones de la obtención, conservación y entrega de la información relacionada con los Beneficiarios Controladores de las personas morales.

En este sentido, la Corte resolvió que las disposiciones normativas y reglamentarias respecto a los Beneficiarios controladores no vulneran el principio de Legalidad en su vertiente de motivación, es decir, en relación a los razonamientos legislativos para dar origen al sistema legislativo, en virtud de que dicha medida atiende al cumplimiento de compromisos internacionales en materia de intercambio de información y la implementation de estrategias contra diversas actividades ilícitas de orden financiero, como lo son la evasión fiscal, el financiamiento del terrorismo, y el lavado de activos.

Con base en lo anterior, se reitera que resulta imperativo que todas las personas morales cumplan con esta nueva obligación en tiempo y forma para evitar contingencias con las autoridades fiscales que deriven en multas estratosféricas por incumplimientos en este rubro, toda vez esta nueva obligación abarca a cualquier persona moral, fideicomiso, asociaciones en participación, y cualquier otra de naturaleza análoga y las multas por incumplimiento a estas obligaciones, van desde:

1.- $1,500,000.00 – $2,000,000.00 de pesos por no obtener, conservar o entregar la información correspondiente por cada beneficiario controlador.

2.- $800,000.00 – $1,000,000.00 de pesos por no mantener actualizada la información correspondiente por cada beneficiario controlador.

3.- $500,000.00 – $800,000.00 de pesos por presentar la información de forma inexacta, incompleta, con errores o de forma distinta a la señalada por la legislación, por cada beneficiario controlador.

En virtud de la gran ola de auditorías y actos de fiscalización que actualmente predominan en contra de los contribuyentes, aquí les dejo 3 consejos clave que pueden usar a su favor si están enfrentando una contingencia fiscal:

1.- Solicitud de información

Revisa muy bien la solicitud de información que te haga la autoridad, ya que es común que esa solicitud se haga de forma ilegal, excediendo sus facultades de solicitud de información, y por ende que se declare una nulidad lisa y llana a favor del contribuyente por insuficiencia en la competencia de la autoridad.

2.- Medios de Defensa en la Auditoría

Desde el inicio de cualquier acto de fiscalización, es importante monitorear la legalidad de los actos de la autoridad, ya que en caso de que se detecte que un acto es ilegal, se pueden interponer distintos medios de defensa para ocasionar que se declare la ilegalidad de la actuación de la autoridad, y adicionalmente que la autoridad cometa consecuentemente más ilegalidades dentro del procedimiento que deriven en la nulidad de toda la auditoría.

3.- Derecho a ser Informado

Dentro de una auditoría, las autoridades están obligadas a informar a los contribuyentes su derecho a que se les dé a conocer los posibles hechos u omisiones encontrados por la autoridad antes de emitir la Última Acta Parcial, Oficio de observaciones, etc. Si no lo hacen, es una violación del procedimiento que puede derivar sin duda en una nulidad de todo el procedimiento.