El pasado 23 de Abril de 2020, el Gobierno Federal publicó el decreto por medio del cual, se fijan las distintas medidas de austeridad presupuestal de la Administración Pública Federal, donde destaca en su fracción II que “No se ejercerá el 75% del presupuesto disponible de las partidas de Servicios generales y materiales y suministros”.
Así mismo, el propio decreto establece en su fracción V, que se posponen todas las acciones y gastos de gobierno, con excepción de 38 programas prioritarios, dentro de los cuales destaca en su numeral 38, los programas relativos a la “Defensa de los Derechos Humanos”.
En este orden de ideas, tenemos que considerar que la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (PRODECON), es la encargada de velar por los derechos humanos de los contribuyentes en materia fiscal, ya que labora precisamente en defensa de los pagadores de impuestos de manera gratuita, velando en todo momento por la seguridad jurídica de los contribuyentes y mediando incluso entre las autoridades fiscales y los contribuyentes a través de los conocidos “Acuerdos Conclusivos” y otros medios de resolución de conflictos.
Lo anterior, sin considerar que esta institución patrocina juicios en materia fiscal a través de su servicio gratuito de representación legal con un perfil esencialmente social, en los cuales logra un 77% de efectividad a favor de los pagadores de impuestos.
No obstante lo anterior, el pasado 5 de junio del presente año, la PRODECON, emitió el boletín 010/2020 donde anuncia un recorte del 75% de su presupuesto de operación, lo que conlleva que a partir del mes de Julio del presente año, 16 de sus delegaciones dejen de operar.
Como consecuencia de lo anterior, una gran cantidad de pensionados, jubilados, asalariados, agricultores, amas de casa, estudiantes, técnicos, profesionistas, micro, pequeñas, medianas y grandes empresas se verán afectadas, ya que las principales funciones de la PRODECON radican en la procuración de justicia y defensa de los derechos humanos en materia fiscal de dichos sectores.
Lo anterior, sin considerar que dicho organismo público, es pieza importante para la recaudación tributaria del país, ya que a través de los ya mencionados “Acuerdos Conclusivos” coadyuvó a recaudar más de 4 mil millones de pesos en el presente año 2020.
Consideramos que las actividades realizadas por la PRODECON quedan comprendidas en la fracción V numeral 38 antes mencionada, y no en el inciso II del decreto de austeridad presupuestal federal, por lo cual, el llevar acabo un recorte del 75% de su presupuesto de operación, además de violentar lo establecido en el propio decreto, pone en riesgo el acceso a la justicia y la protección de los derechos humanos en materia fiscal de una gran cantidad de contribuyentes que se ven beneficiados por los servicios gratuitos prestados por las 16 delegaciones de este organismo, que dejarán de operar a partir de Julio del presente año por motivo de dicho recorte presupuestal.
